UGT Asturias demandará a la Administración por responsabilidad patrimonial.
Una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, avala la gestión de la formación para el empleo realizada por la Unión General de Trabajadores de Asturias, estimando el recurso presentado por la organización y declarando la nulidad de una resolución de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias.
Esta resolución había reducido en 20 puntos la valoración obtenida por UGT en una convocatoria de subvenciones para formación en 2013, lo que supuso un recorte de 526.000 euros, que ahora tendrán que ser reintegrados por parte de la Consejería, tal y como establece la sentencia.
La Administración se basaba, para llevar a cabo este recorte, en que el sindicato no había procedido a acreditar convenientemente el inicio de un curso perteneciente a la convocatoria de 2010, lo que se consideraba como falta grave con la consiguiente penalización.
Sin embargo, el curso se había realizado en tiempo y forma y constaban en el expediente y en la herramienta informática de gestión de la Administración todos los trámites administrativos requeridos, con su correspondiente liquidación.
Falta de diligencia de la Administración
La demanda presentada por el letrado José María Gutiérrez argumentaba que la ausencia de control de la acción formativa no ha sido debida a causa imputable alguna a la organización sindical, sino única y exclusivamente a la falta de diligencia de la Administración, que era conocedora del lugar, fecha y horas en las que dicha acción formativa se desarrollaba.
La sentencia señala que en los informes de la Administración consta la autorización del inicio de la actividad y que el Servicio Público de Empleo “tenía cabal conocimiento de los inicios de los cursos y especialmente del que es objeto de este contencioso”. Destaca, además, que “el curso en cuestión fue efectivamente realizado”.
El magistrado, Miguel Ángel Carbajo, recuerda además que no resulta admisible modificar las bases de una subvención en un momento posterior, ni tan siquiera por quien es la Administración que la concede.
¿Cómo se nos resarce ahora?
La Unión General de Trabajadores de Asturias demandará a la Administración por responsabilidad patrimonial. El secretario general, Justo Rodríguez Braga, declaró al diario La Nueva España, que se hace eco hoy de esta noticia con un titular que tomamos prestado para esta información, que “la sentencia avala la gestión del sindicato en materia de formación en un momento en el que nos sentimos vilipendiados” y se pregunta, una vez que IFES prácticamente ha desparecido en Asturias, cómo nos van a resarcir ahora de los gravísimos daños a nuestra imagen y nuestro prestigio que ha generado esta situación.
