La Unión General de Trabajadores exige revertir la reforma sanitaria de 2012 y todos sus desarrollos para restituir el derecho universal a la protección a la salud y la asistencia sanitaria pública para todos los ciudadanos y ciudadanas. El último barómetro sanitario pone de manifiesto el deterioro de los servicios y el incremento de las desigualdades debido a la política de recortes del Gobierno, con restricciones presupuestarias, cierre de camas, pérdida de prestaciones sanitarias, pérdida de empleo público y privatizaciones. El sindicato considera que mercantilizar la salud, ampliando la colaboración pública y privada no es el camino, como se ha demostrado, e insiste en su defensa de la sanidad pública como garantía de equidad.
El último barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad demuestra que se han incrementado las desigualdades en nuestro país. Así se pone de manifiesto en un análisis realizado por la Unión General de Trabajadores, que compara el periodo desde 2012, con el comienzo de la anterior legislatura y la aprobación de la reforma sanitaria (Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones).
La crisis y las directrices de la UE que han servido de pretexto para esta última reforma, lejos de solucionar los problemas existentes, como la insuficiencia presupuestaria, el modelo de financiación o las externalizaciones, los ha multiplicado gracias a las restricciones presupuestarias: el cierre de camas y servicios y las privatizaciones; al tiempo que ha creado otros nuevos, como la pérdida de prestaciones sanitarias y la destrucción de empleo público.
El modelo aplicado por el Gobierno del PP ha provocado cambios en el aseguramiento, la cartera de servicios y los copagos, al tiempo que las Comunidades Autónomas, en la misma línea, reforzaron nuevas iniciativas organizativas y de gestión en los centros sanitarios, frecuentemente presentadas como una oportunidad de negocio para la colaboración público-privada y alternativa a la gestión pública.
El Barómetro Sanitario 2015, con respecto al aseguramiento, sitúa a la sanidad pública en un lugar preponderante seguida, a mucha distancia, del seguro privado y del mutualismo administrativo. Sobre la provisión pública las preferencias están muy claras a su favor, tanto en el caso de Atención Primaria (68,1%), la Atención Especializada (53,8%), la hospitalización (62,9%) y la atención urgente (61,9%). Pero, además, a la hora de optar sobre la mejor gestión de la sanidad pública, la opinión mayoritaria se inclina a favor de la Administración Pública, con el 69%, mientras que sólo un 11,3% cree que lo hace mejor una empresa privada.
Los principales motivos para optar por un servicio sanitario público son la tecnología y los medios de que dispone, la capacitación de los médicos y las médicas y la capacitación de los enfermeros y las enfermeras, así como la información que recibe el paciente sobre su problema de salud y el trato personal que recibe.
El barómetro, que valora en líneas generales la importancia y necesidad del sistema público sanitario, identifica el deterioro general de los servicios sanitarios. Llama la atención la persistencia de problemas a lo largo del tiempo que se destacan muy claramente, como las listas de espera o las desigualdades territoriales, así como la aparición de nuevos problemas como las dificultades económicas para acceder a los fármacos o la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria de personas. Todo ello induce a pensar que las políticas de restricción presupuestaria y recortes, están haciendo mella en el sistema sanitario público y en su percepción por la ciudadanía.
En este sentido, UGT rechaza cualquier intento de mercantilización de la salud y rechaza el planteamiento de la patronal de ampliar la colaboración pública privada. UGT propone la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 y la normativa acompañante de esta reforma y restituir el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad. Para ello deberá promoverse una reforma normativa que resitúe estos derechos en la Constitución, cuyo desarrollo normativo garantice los principios constitutivos del Sistema Nacional de Salud y la recuperación del modelo público.
