FSP-UGT Asturias, junto con otros ocho sindicatos, reivindicó la negociación así como la recuperación de todos los derechos recortados, transitoria y coyunturalmente, por la crisis, la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicas, la generación de empleo público neto, estable y con derechos, que garantice el estado de bienestar y, en suma, unos servicios públicos de calidad para la ciudadanía.
Los sindicatos convocantes, llevamos años reclamando medidas que atenúen la irresistible situación que padecen millones de empleadas y empleados públicos. Situación que tiene su máxima expresión en una desmesurada destrucción de empleo público, el empeoramiento de sus derechos laborales, económicos y profesionales, y el progresivo deterioro de los Servicios Públicos.
Vulnera el derecho a la Negociación Colectiva (así lo ha reconocido la propia OIT) que el Gobierno aplique una política de hechos consumados, dictando normas prescindiendo de consenso alguno, y pretenda darle continuidad al anunciar un futuro nada venturoso a través de la CORA, la Actualización del Plan de Estabilidad (2014-2017), el Plan Nacional de Reformas, modificaciones puntuales y regresivas del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), etc. que continúan insistiendo en la teoría del sacrificio y el recorte.
Por ello exigimos la recuperación del Diálogo Social, herramienta clave en el desarrollo social, económico y cultural del país en el pasado, instando la urgente convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con la finalidad de cambiar la orientación a seguir en las políticas públicas de personal. Otorgándola, y a toda la estructura negocial que surge de la misma (Mesas Delegadas, sectoriales, etc.), el protagonismo que la confiere el propio EBEP.
En este sentido, consideramos que las medidas aplicadas por los Gobiernos en los momentos más álgidos de la crisis económica eran coyunturales y tenían fecha de caducidad: el momento actual; en el cual se tienen que volver a reequilibrar las condiciones de trabajo mediante una Negociación Colectiva capaz de alcanzar los resultados demandados por los empleados públicos.
Tenemos que volver en contra de los Gobiernos sus propias afirmaciones que pretenden trasladar a la ciudadanía que la situación económica está mejorando. ¡Que sean consecuentes!, y tomen como referencia los Acuerdos suscritos en determinados territorios (Extremadura, Castilla y León, País Valenciano, La Rioja, etc.), que retoman la senda del Diálogo, la Negociación y la Dignidad de los empleados públicos.
Esta exigencia de Diálogo Social en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, debe vertebrarse sobre las siguientes prioridades:
- Aumentar el volumen neto de empleo público estable con una fuerte dimensión social (eliminando las tasas de reposición, impidiendo los ERES, deteniendo la amortización de plazas, desarrollando procesos de consolidación).
- Incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo y la recuperación de lo detraído desde mayo 2010. Devolución íntegra de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, con la fijación de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales para el año 2015.
- La adopción de medidas necesarias que sirvan de impulso para el desarrollo del EBEP en todos y cada uno de los ámbitos de aplicación del mismo, reconduciendo a la Mesa de Negociación todas la modificaciones practicadas o con intención de practicar en el mismo.
- La estabilidad y la carrera como cuestiones irrenunciables (inamovilidad en la condición de empleado público, implantación de la carrera).
- La promoción, formación, y profesionalización que cubran las expectativas de los empleados públicos (defender el AFEDAP y una promoción interna real y efectiva que aproveche el potencial formativo y profesional ya existente).
- Derechos, vacaciones, conciliación: fomentar para mejorar (sean objeto de negociación y pierdan su carácter de normativa básica, devolución de los días complementarios por antigüedad, derecho a la jubilación parcial).
- Frenar la reforma laboral en las Administraciones Públicas (convenios para mejorar y modular la reforma, no para ratificarla).
- Defender políticas públicas de igualdad de género y prevención de riesgos, que la crisis no sirva de excusa para su degradación.
En definitiva, los sindicatos que suscriben el presente manifiesto, nos mostramos decididos a no retroceder en el camino emprendido hasta obtener una satisfacción digna. Con la determinación y certidumbre de que las propuestas y camino emprendido tienen sentido en tanto que justas y razonables. Porque nunca es tarde para el bien de los empleados públicos. Esa, y no otra, es nuestra responsabilidad con ellos.
