Las personas con discapacidad poseen el derecho que les otorga la Ley Orgánica 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia a ser atendidas por el Estado, y esto se lleva a cabo a través de la red de centros públicos o de aquellos privados con los que la Administración ha establecido un acuerdo marco u otras modalidades de contratación o subvención.
Debido a las medidas de confinamiento decretadas por Gobierno como consecuencia del COVID-19, en estos centros se ha sustituido el trabajo presencial por la atención a distancia: telefónica, teletrabajo, videoconferencia … Y puesto que el RD 9/220 de 27 de marzo estableció como esenciales los centros de servicios sociales, impidiendo los expedientes de regulación de empleo de sus trabajadores, la Consejería se comprometió a mantener la financiación de los salarios de los trabajadores.
UGT tiene conocimiento de que desde la Consejería se ha comunicado a las entidades que no presenten para su financiación los otros gastos habituales y acordados en su contratación. En UGT entendemos que de poco sirve mantener los salarios si no se mantiene la financiación de la entidad en la que tienen sus empleos los trabajadores y trabajadoras.
Estas son entidades que proporcionan numerosos puestos de trabajo por todo el Principado, cuyo origen es la iniciativa social sin ánimo de lucro y que vienen atendiendo a las personas con discapacidad y sus familias desde mucho antes de que se les reconociese ese derecho en nuestro país. Pretender ahora ahorrar un dinero presupuestado y comprometido para su mantenimiento repercutirá sin lugar a duda en los trabajadores. De mantenerse esta postura podría incluso ponerse en riesgo la viabilidad de algunas de estas entidades y, por tanto, los servicios que prestan y los puestos de trabajo que generan. En UGT no olvidamos que estas entidades ya hicieron importante esfuerzo económico en 2019 tras la actualización salarial de la que la Administración tan solo asumió un semestre del año.
Desde UGT nuevamente exigimos a la Consejería la total financiación de las entidades privadas que prestan servicios a través de cualquier modalidad de contratación o subvención y la requerimos para que cuanto antes elabore la normativa necesaria, en la que así se establezca.
