Durante más de 20 años, el personal laboral de la Administración del Principado de Asturias ha podido acogerse a la jubilación parcial con contrato de relevo. Ese derecho lleva bloqueado desde 2025, y la solución ya existe: el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, que da cumplimiento al acuerdo firmado por UGT, elimina el obstáculo que impedía aplicarlo en las administraciones públicas, permitiendo vincular la jubilación parcial a contratos fijos ya existentes en lugar de exigir un nuevo contrato de relevo simultáneo.
Desde UGT ya trasladamos a la Comisión Negociadora nuestra Propuesta de Acuerdo para realizar las modificaciones necesarias en el Anexo VII del V Convenio que permitan el restablecimiento de este derecho. Puedes consultar la propuesta en este enlace.
Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 19/2026, ya no hay ningún impedimento normativo que afecte a la tramitación de los contratos relevo, por tanto, la administración del Principado no puede escudarse en falsos problemas de contratación para seguir bloqueando y retrasando de forma injustificada la jubilación parcial de su Personal Laboral fijo. No hay que esperar siquiera a la modificación del V Convenio, el propio Decreto, en su disposición transitoria única, establece un régimen transitorio de aplicación al reconocimiento de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas. La prueba de que esto funciona ya está sobre la mesa: Castilla-La Mancha lo ha recuperado este mismo verano para cerca de mil trabajadores, en Cantabria hace 15 días ya se está concediendo, en ambos territorios aplicando la citada disposición transitoria sin más, y en Euskadi se prevé que a finales de este mes se apruebe por parte del gobierno autonómico.
La jubilación parcial está recogida en el Convenio Colectivo, la Administración del Principado tiene plenas competencias de autoorganización por lo que el desbloqueo de los contratos relevo sólo depende de una decisión de gestión presupuestaria. El problema en Asturias no es la falta de solución. El problema es que la Administración del Principado no quiere, o no puede, aplicarla.
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