El Gobierno debe hacer visible su apuesta por unos servicios públicos fuertes desde la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
La apuesta por los servicios públicos debe traducirse en una mejora del empleo público y las condiciones laborales de sus trabajadores.
El sindicato defiende el teletrabajo digno y ha planteado un decálogo de propuestas para regularlo adecuadamente en las Administraciones.
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos ha hecho llegar a Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, los ejes sobre los que debe pivotar la negociación de un nuevo acuerdo para las empleadas y empleados públicos con el fin de mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores, ya que en 2020 finaliza la vigencia del actual. El sindicato espera que la ministra aproveche la primera reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas para dejar patente su compromiso con unos servicios públicos fuertes y eficaces que puedan hacer frente a las demandas de la ciudadanía.
El sindicato ha planteado tres objetivos principales en la negociación. El primero es la defensa de los Servicios Públicos, pilar fundamental de nuestra sociedad, un hecho que ha quedado patente durante la crisis del Covid-19. El segundo, el empleo público. En esta materia, UGT incide en la necesidad de culminar los procesos de estabilización y consolidación para disminuir la precariedad, eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar situaciones de abuso de la temporalidad. Además, se debe apostar por la regulación de herramientas como el teletrabajo. El tercer elemento fundamental es mejorar las condiciones laborales y recuperar derechos.
El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público es otro de los aspectos que deben abordarse en la negociación. Bajo su amparo deben tratarse cuestiones como la Ley de la Función Pública de la AGE, postergada durante más de una década, lo que ha provocado desigualdades entre los trabajadores de ésta con respecto a otras administraciones.
UGT considera que es el momento idóneo para regular el teletrabajo en todas las Administraciones, una modalidad que ha pasado de ser una opción a una necesidad durante la crisis del Covid-19. Durante los últimos meses, dos de cada tres empleadas y empleados públicos lo están realizando. Hasta esa fecha, según un informe emitido por el Banco de España, el teletrabajo en el sector de las Administraciones Públicas, Defensa y Seguridad Social solo llegaba a unas 26.000 personas cuando, potencialmente, esta modalidad podría llegar a más de 450.000 empleados públicos.
El marco normativo actual posibilita el teletrabajo dentro de las Administraciones Públicas y en doce de ellas, incluyendo algunas entidades locales y la AGE, ya existen iniciativas y desarrollos sobre él. Por este motivo, es prioritario abordar una regulación general que evite nuevas desigualdades y brechas entre los trabajadores de los servicios públicos.
FeSP-UGT ha planteado al Gobierno diez cuestiones básicas que se deben incluir en todos los acuerdos que regulen el teletrabajo como son:
