UGT valora positivamente el merecido Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 otorgado a los profesionales sanitarios en primera línea de combate frente al Covid-19. Este simbólico y merecido reconocimiento, tiene que ir acompañado de una serie de medidas que concreten mejoras en las condiciones laborales del colectivo y que revertirán sin duda, en una mejor atención a la ciudadanía.
La pandemia del Covid-19 ha reflejado el reconocimiento social a los trabajadores del sector sanitario, plasmado cada día desde el inicio del Estado de Alarma con aplausos en todos los rincones de España, que pasarán a la historia como muestra de agradecimiento público a una labor profesional que ahora se ve más imprescindible que antes, aunque siempre lo ha sido.
Pero es paradójico que este reconocimiento social al innegable sacrificio y profesionalidad de todo el personal sanitario, no coincida con un verdadero reconocimiento institucional de las administraciones públicas competentes al derecho que tienen estos trabajadores a la jubilación anticipada desde que en 2011, se estipuló por un real decreto esa posibilidad para todos aquellos trabajos penosos, peligrosos, tóxicos e insalubres.
No es por tanto un derecho legal reciente, sino más bien un reconocimiento legal que se ha quedado por ahora, en papel mojado por la inacción de las instituciones y su resistencia a poner en marcha un proceso que implica establecer unos coeficientes reductores para la pensión de jubilación.
En otras actividades profesionales en similar situación, como con los policías locales por poner un ejemplo, ya se ha avanzado en el mismo proceso y es una realidad; en otros sectores de las propias administraciones públicas también lo es, pero en el sanitario todavía no.
No es creíble que esta nula respuesta de las administraciones públicas al derecho legal a la jubilación anticipada de los trabajadores del sector sanitario ponga como excusa que no se ajustan a los requisitos de una profesión penosa, peligrosa, tóxica e insalubre. Ni que decir tiene, se ajusta más que cualquier otra y, si alguien lo cuestionaba, la pandemia del Covid-19 ha terminado por disipar cualquier duda.
Más de 50.000 sanitarios se han visto contagiados en España por el virus y casi un centenar de ellos ha fallecido por ello. Sobran las palabras sobre el riesgo que supone para su salud el simple e importante hecho de realizar el trabajo diario para el que se formaron y por el que dan todo lo que tienen.
A nadie extraña que los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario estén constantemente expuestos a sustancias tanto peligrosas o tóxicas como nocivas para la salud; desde las citostáticas o citotóxicas que matan células, a los gases anestésicos, pasando por agentes biológicos de todo tipo.
Además, por la propia organización de su trabajo, el personal sanitario tiene unos altos índices de turnicidad, nocturnidad y las ineludibles guardias, que según los expertos, son algunos de los principales factores de los denominados riesgos psicosociales para la salud.
A ello se une una actividad profesional de por sí exigente, con unos requerimientos psicofísicos que se hacen muy gravosos a partir de una determinada edad avanzada, lo que se confirma con un simple vistazo a la actividad diaria de los servicios de urgencias, la atención primaria, la Unidad de Cuidados Intensivos o la de un quirófano.
Ante todo lo anteriormente expuesto, UGT exigirá a los representantes políticos del Estado que se atienda la solicitud que propuso a principios del año 2019, donde reclama ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la aplicación de coeficientes reductores en función de la edad y de la penosidad laboral que engloba a todos los trabajadores de la sanidad.
