El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley orgánica con la que se quiere derogar la LOMCE, y que se enviará al Congreso para continuar su tramitación. Esta reforma, que quedó en suspenso por el adelanto electoral hace un año, habiendo pasado los trámites de consulta, retoma su curso que esperamos concluya en la aprobación definitiva de una nueva ley educativa.
UGT ha venido manifestando que este proyecto responde al compromiso adquirido por el Gobierno de revertir los aspectos más lesivos y controvertidos de la Lomce y de elaborar una nueva ley. Una ley que en su exposición de motivos establece como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema y, como principal eje vertebrador, la educación comprensiva.
El proyecto de ley concede importancia a diversos enfoques, como los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989); la igualdad de género, a través de la coeducación; un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje; un enfoque desde el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030, y una atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas.
El articulado recupera aspectos significativos para preservarlos, como son una escolarización más equilibrada entre las dos redes, la evaluación continua, la desaparición de reválidas e itinerarios, una titulación única al finalizar la enseñanza obligatoria, la organización por ciclos en Primaria, la no publicación de resultados, la no especialización de los centros, la participación de toda la comunidad educativa de los centros, el reconocimiento de la FP y su relación con el mundo laboral, la potenciación del carácter educativo de la Educación Infantil de 0 a 6 años y su regulación, etc.
Somos críticos respecto al gasto público incluido en el proyecto, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5% del PIB. UGT considera esta cifra insuficiente, ya que debería aumentar paulatinamente hasta el 7% y no situarse por debajo de la media de la UE. Además, carece de una memoria económica que sustente al articulado.
