UGT Servicios Públicos ha acusado al Gobierno de falta de compromiso con el personal laboral de la Administración del Estado (AdE). Tras nueve meses en la Mesa Negociadora del V Convenio colectivo, los avances son insignificantes y no se han tomado en consideración ninguna de las propuestas sindicales, especialmente las de mayor calado. La Administración ha demorado el debate económico, evitando los temas clave y relegando sine die aquello que mayor impacto tiene en las condiciones de trabajo de su personal laboral.
El discurso político del actual Gobierno de coalición se basa fundamentalmente en el brillante ejercicio económico que está realizando. Los datos macroeconómicos lo avalan: somos el país con mayor crecimiento económico de los países de nuestro entorno con un 2,8%; la producción industrial está incrementándose por encima del 4%; el déficit público se está reduciendo a ritmos superiores al 12% y el empleo se encuentra en cifras históricas, ya hay más de 22 millones de trabajadores en nuestro país. El problema es, señalan desde UGT, cuando esos datos tienen que descender al ámbito de la microeconomía. La buena marcha de la economía no tiene un reflejo directo en las mejoras en la calidad de vida del personal laboral de la Administración del Estado.
Así, mientras la inflación sigue en ascenso —con un último dato del 2,7%—, más de 30.000 trabajadoras y trabajadores laborales de la Administración del Estado ven cómo su poder adquisitivo se erosiona día tras día por una flagrante falta de actualización de los salarios con referencia a la inflación.
Por otro lado, se están recortando derechos laborales que ya estaban consolidados. En este contexto, UGT se ha visto forzada a denunciar esta grave situación. Son numerosos los ejemplos que ilustran la situación en la que se encuentra el colectivo. La jubilación parcial sufre un abandono premeditado y sistemático. De hecho, la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024 de 23 de diciembre no es más que un bloqueo directo a este derecho tan necesario para el rejuvenecimiento de las plantillas.
UGT Servicios Públicos denunció el Convenio Único para iniciar la negociación como respuesta a la discriminación salarial que lleva años perpetuándose en la AdE entre el personal funcionario y el personal laboral. La organización sindical ha señalado la injustificada desigualdad dentro de la Administración, donde trabajadores que acceden al mismo grupo profesional con idénticos requisitos no reciben retribuciones equiparables. Una situación injustificable si tenemos en cuenta que la clasificación profesional en la Función Pública está ligada a los requisitos de titulación académica para su acceso.
Desde UGT señalan que no se ha facilitado ninguna documentación de la masa salarial a pactar, algo imprescindible para afrontar un posible acuerdo y poder cumplir la normativa sobre negociación colectiva. Esto demuestra la falta de buena fe negociadora por parte de la Administración. Por este motivo, UGT ha registrado una solicitud formal exigiendo la ya mencionada masa salarial en un plazo no superior a 30 días. De no obtenerse respuesta en este plazo, el sindicato está decidido a demandar a la AdE para salvaguardar sus derechos y reforzar la democracia laboral.
Asimismo, la situación de las plantillas es alarmante por su progresivo envejecimiento que deriva en jubilaciones masivas. Los retrasos acumulados en las Ofertas de Empleo Público (aún quedan sin resolver las de 2021–2022 y sin convocar las más de 5.000 plazas correspondientes a los años 2023- 2024- 2025) provocan que el sistema de reemplazo sea ineficiente, lo que conduce a la externalización de servicios, incluso en ámbitos sensibles como atención a colectivos vulnerables, la protección del medio ambiente o instituciones penitenciarias. Las plantillas de la AdE están excesivamente tensionadas en los sectores más críticos que ven que no pueden atender con la suficiente calidad su trabajo.
El personal laboral de la AdE lleva años demostrando con profesionalidad y entrega su compromiso con los ciudadanos de este país. El reconocimiento que obtienen no puede ser solo simbólico. La dignidad en el empleo público exige impulsar la democracia laboral, la igualdad de derechos, los salarios justos y el cumplimiento de la legalidad, todo lo demás es propaganda fútil.
Desde UGT entendemos que el Ministerio de Función Pública tiene una responsabilidad ineludible con sus trabajadoras y trabajadores y la está incumpliendo sistemáticamente. Por ello, exigen una reacción inmediata por parte de los responsables de esta situación, una mayor agilidad, un mayor compromiso y una negociación que esté a la altura del esfuerzo que está realizando su personal laboral. Si no se atienden estas demandas, señalan desde la organización sindical, no dudarán en responder de forma contundente a esta situación que ya no admite más demoras.
