La asistencia sanitaria de más de 1.500.000 funcionarias y funcionarios está seriamente comprometida, tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de MUFACE.
Por un lado, exigimos celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un Plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público. Por otro, denunciamos a unas aseguradoras insaciables que, con el argumento de que el modelo MUFACE está “infra financiado”, quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado, y a costa de “la selección de riesgos”, es decir, a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender. Y, en medio, en un fuego cruzado, los/as mutualistas y sus beneficiarios, a los que, utilizados como rehenes, se les pone en riesgo su propia salud. Reclamamos a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación.
Exigimos que se concrete lo antes posible un acuerdo estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones. Para ello, utilizaremos las medidas de presión que consideremos oportunas.
UGT, CCOO, ANPE, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT, reclamarán el día 11 de diciembre en la calle, tanto al Gobierno como a las aseguradoras, una SOLUCIÓN YA, UN ACUERDO que dé tranquilidad y calma para su asistencia sanitaria a alrededor de 1,5 millones de personas.
Además, exigiremos más transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad en todo este proceso, y la participación de los sindicatos en el mismo.
Los datos:
1.- MUFACE ofrece atención sanitaria a alrededor de 1,5 millones de personas funcionarias y familiares.
2.- Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban este servicio, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse al nuevo convenio (vigente en el periodo 2025-2026) al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas en este negocio.
3.- Las personas que están cubiertas por MUFACE cada año deciden quién les va a dar asistencia sanitaria: una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad concertada. En concreto, en 2024 un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa (controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos) y un 13,2% por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 28% optó por la sanidad pública.
4.- Sin embargo, como dato también significativo, las nuevas generaciones del funcionariado, que son menos costosas en términos de atención, están optando mayoritariamente por el sistema público. En 2022, dos de cada tres nuevos funcionarios eligieron ser atendidos en la sanidad pública, rechazando los seguros privados ofrecidos por MUFACE.
5.- Las aseguradoras reclaman una mejora en la dotación económica del 40%. El Gobierno publicó unos pliegos de contratación con una subida del 17%, pero incluso este fuerte incremento no ha bastado para que Adeslas, DKV y Asisa decidieran presentarse.
6.- MUFACE defiende que la situación está controlada y que la ley de Contratos del Sector Público les brinda herramientas suficientes como para garantizar que las aseguradoras privadas van a seguir prestando el servicio al menos hasta octubre de 2025 sino hubiera una nueva licitación antes.
7.- La migración de todas y todos los mutualistas ocasionará un gran impacto en el actual sistema sanitario de la seguridad social por eso exigimos que mejore la inversión en sanidad pública para conseguir una atención de calidad para todas y todos.
MUFACE solución ya
¡Nuestra salud no es una mercancía!
¡No somos rehenes!
¡Unidos por tu bienestar, comprometidos con la salud!
