El pasado viernes, 16 de febrero, tuvo lugar una reunión informativa sobre el Anteproyecto de Ley que regulará las escuelas de 0 a 3 en el Principado de Asturias. A la misma asistieron la consejera de Educación y todos los responsables de las distintas Direcciones Generales de la Consejería, así como el director General de Empleo Público.
En esta reunión la Administración no aportó novedad alguna, más allá de lo contenido en el Anteproyecto de Ley:
- Cada ayuntamiento deberá firmar de forma voluntaria un convenio de colaboración para adherirse.
- El Principado asumirá todas las educadoras de las escuelas locales en funcionamiento, estén o no estén estabilizadas.
- El personal conservará sus derechos laborales y categoría profesional.
Hay que recordar que el Anteproyecto de Ley se encuentra en situación de consulta pública y deberá recorrer su tramitación parlamentaria hasta la redacción final de la ley si se alcanza la mayoría correspondiente. Los plazos que se manejan son: la aprobación en Consejo de Gobierno antes del verano para tenerlo definitivamente aprobado antes de fin de año.
UGT Servicios Públicos Asturias considera que estamos ante un documento muy generalista que no da respuesta a ninguno de los problemas que pudieran suscitarse. Por esta razón, hemos exigido la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial correspondiente para negociar el Decreto que ha de regular el funcionamiento de las escuelas de 0 a 3 en el Principado de Asturias.
La LOMLOE dice que la etapa de 0 a 3 tendrá un carácter plenamente educativo; por tanto, es necesario negociar un convenio específico que atienda y resuelva la particularidad del colectivo una vez que se integre en la Consejería de Educación.
Indiscutiblemente, hay que garantizar el mantenimiento del empleo de las estabilizadas y las no estabilizadas, dada la diversidad que la gestión de los distintos ayuntamientos ha creado.
UGT Servicios Públicos Asturias entiende que estamos ante una oportunidad única y que el Gobierno Asturiano no puede conformarse con mantener lo que hay. Es necesario un proceso de negociación que recoja las demandas de las trabajadoras. De no ser así, estaríamos engañando a la ciudadanía presentando un modelo de integración que no sería más que el paso de una red municipal a una autonómica con el coste económico más bajo posible.
