Contener los precios, proteger el empleo, frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida
Toda la sociedad vivimos con enorme preocupación la escalada desbocada de los precios. En febrero la inflación alcanzó una cifra histórica, situándose en el 7,6%, su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, el gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando a los precios del resto de bienes y servicios, que ya suben de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas. Toca actuar con celeridad.
El deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo, y del conjunto de la ciudadanía, es muy palpable. Mes a mes las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan y detraen cada vez más y más recursos.
El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable, la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de forma más cruel. La desigualdad y la pobreza eran problemas urgentes antes de que se iniciara esta escalada de los precios. En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable.
Al mismo tiempo, mientras el oligopolio de las empresas multinacionales energéticas saca tajada en este escenario, y obtiene beneficios históricos, millones de consumidores y consumidoras y personas usuarias, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos y autónomas, o los sectores productivos de alto consumo energético, se están viendo perjudicados por este aumento disparatado de los precios.
Todo hace prever que la injustificable guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania tendrá como consecuencia una aceleración de la inflación que pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales, la recuperación económica y la creación de empleo intensificando los problemas de desigualdad y pobreza.
Ante este escenario es urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma contundente. Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía.
En Asturias, nuestra industria sufre problemas añadidos, a causa de una transición acelerada e injusta, y un estatuto para las empresas electrointensivas que ha sido claramente insuficiente. El Gobierno debe dar respuesta, con medidas concretas, a la iniciativa asturiana, avalada recientemente por el Congreso de los Diputados, para que un sector básico de nuestra economía pueda competir en igualdad de condiciones.
Y si a la industria le va bien, a Asturias le irá mejor. La receta más eficaz para combatir el despoblamiento y el abandono rural que padece la región, junto con unos servicios públicos fuertes y de unas infraestructuras adecuadas, es ofrecer a nuestra juventud empleo decente y salarios dignos.
Por todo ello, las organizaciones que suscribimos este manifiesto exigimos a las autoridades públicas que:
- Cambien el irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta. El precio del gas no puede marcar el de la electricidad en su conjunto, que se genera a través de otras tecnologías más baratas.
- Pongan fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos y aprueben medidas contra la especulación de los productos básicos. Mientras la gran mayoría sufrimos esta situación, hay quien se está aprovechando de la desgracia.
- Aceleren las inversiones para reducir la dependencia energética y fomenten el uso del transporte público, porque necesitamos ganar autonomía estratégica en el ámbito energético.
- Protejan a la ciudadanía y a las familias. La solidaridad es la base del modelo social europeo que debemos cuidar y extender.
- Apoyen a los sectores productivos que más energía consumen, porque hay que defender nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, y el papel vertebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro.
- Activen el mecanismo RED para evitar despidos, porque es necesario proteger el empleo, así como otros similares para autónomos y autónomas.
- Controlen los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC. Tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo.
Llamamos por tanto a la MOVILIZACIÓN de la ciudadanía el próximo 23 DE MARZO a las 19:00 horas en Avilés (en el contexto de la convocatoria estatal) para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida.
